Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver., Ante el incremento de desapariciones en Veracruz, integrantes de 18 colectivos de búsqueda de personas hicieron un pronunciamiento conjunto para definir que no aceptarán el nombramiento de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Lutgarda Madrigal Valdez, hasta que no se transparente el proceso por medio del cual la Gobernadora decidió que fuera ella la titular.
En conferencia de prensa, Luisa Ronzón Montiel, aclaró que no están en contra de la persona designada por la Gobernadora, sino en contra del proceso, que estuvo lleno de opacidad.
Por su parte, Anaís Palacios, acompañante de colectivos, explicó que hay un micrositio de la dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Gobierno, que hace las veces de estrado.
Expresó que fue muy “curioso” como el viernes de la semana pasada debía estar listo el informe del Órgano Técnico de Consulta, sin embargo, no se publicó hasta el siguiente lunes.
Por lo que pasaron sábado, domingo y hasta el lunes sin que las familias supieran sobre el resultado del Órgano y el martes por la mañana se enteraron finalmente del nombramiento.
Señaló que el informe no tiene actas de calificación y expresó que si bien hay criterios de idoneidad para Madrigal Valdez, preguntó cómo se evaluó a las otras dos personas aspirantes al cargo y cómo es que la Mandataria tomó la mejor decisión y designó a la abogada.
Expuso que había distintos documentos que se entregaron por parte de muchos colectivos, del Consejo Estatal Ciudadano, la organización Serapaz y Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Asimismo, sostuvo que ya habían solicitado que se transparentara el proceso, habían solicitado saber cuáles eran los requisitos para la evaluación, cómo se iba a integrar el Órgano Técnico, entre otros.
Fue así que el 27 de mayo hubo una reunión del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, para atender un oficio que había sido presentado por parte de distintos colectivos.
Las integrantes de colectivos aseguraron que el Órgano Técnico de Consulta, figura prevista por la Ley 677, fue convocado de manera tardía y enfrentó muchos obstáculos, hubo poca claridad sobre los criterios de evaluación, falta de respuestas formales realizadas por integrantes del propio Órgano de las familias y de las organizaciones, así como la omisión de publicación oportuna de información clave que les permitiera confiar en el proceso.
Pidieron a la Gobernadora que se haga pública la información faltante y se pronuncie públicamente sobre las irregularidades.
“Hacemos un atento llamado para retomar y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a las familias en la reunión del pasado 9 de diciembre, emisión de la convocatoria para elegir a la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, el ajuste a las medidas de ayuda para las familias contenidas en la Ley Estatal de Víctimas para el abasto alimentario, realizar la reunión con las familias en el plazo de 6 meses que usted misma fijó y, la periodicidad de las grandes reuniones cada 3 meses.
El cese de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde las investigaciones indican que hayan participación en el delito de desaparición forzada”, exigieron.
Fue María Elena Gutiérrez, quien sostuvo que las desapariciones forzadas siguen registrándose, tan sólo de abril a la fecha, han ocurrido 40 desapariciones más.
“Esto hace un aproximado de 140 y tantos mil desaparecidos, es algo alarmante y el actual gobierno está igual que los anteriores, porque no se ve ningún cambio”, lamentó.
Explicó que el pronunciamiento hecho por parte de los 18 colectivos sería entregado a la Gobernadora.
