PLUMA NEGRA/Opinión
Ignacio Alvarez
La comodidad y avaricia de los empresarios que operan el servicio de las redes de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas negras en Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, es ya insostenible, depende de los alcaldes y del Congreso de Veracruz mantener esas opacas concesiones que en lo operativo resultaron una pesadilla para los usuarios en la zona conurbada más grande e importante del estado de Veracruz.
Desde diciembre del 2016 el Grupo de MAS integrado por la impresentable ODEBRECHT y Aguas de Barcelona obtuvo la concesión por 30 años para los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo con el total respaldo del Gobernador Javier Duarte de Ochoa y los diputados de ese entonces que aprobaron la decisión; un año más tarde, en diciembre del 2017 el gobernador Miguel Angel Yunes Linres hizo exactamente lo mismo con sus diputados para la concesión al grupo Acciona para crear CABoca en el municipio de Boca del Río.
Desde su inicio, se convirtieron en un dolor de cabeza para la zona; el negocio dejó sin empleo a miles de trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz que todavía mantienen la huelga en las instalaciones del SAS.
Lo inadmisible de la disfrazada privatización del agua por medio de un esquema de inversión público-privada, resultó un negociazo para los artífices de ese plan, pero una pesadilla para los miles de usuarios que quedaron en manos de la avaricia empresarial, que no tuvieron ante quien quejarse, La Procuraduría del Media Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, han guardado silencio en estos 10 años.
Las concesiones contemplaron grandes inversiones del gobierno y de los empresarios pero ni el Grupo MAS ni el CABoca cumplieron con su parte, pero sí iniciaron un ambicioso plan recaudatorio para exprimir a los usuarios con cobros indebidos, cortes de agua, calles con hundimientos, abandono de las plantas de tratamiento de aguas residuales y desfogues de aguas negras al mar; además de la opacidad de sus operaciones, no hay rendición de cuentas para el gobierno ni para los usuarios.
Después de 10 años, la pesadilla de los usuarios y habitantes de la zona, parece tener una luz de esperanza con la decisión de la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo y del alcalde de Medellín de Bravo, Samuel Acosta para que través de sus cabildos empezar por auditar al Grupo MAS y perfilar el retiro anticipado de la concesión por incumplimiento y violaciones al contrato.
En Boca del Río, la alcaldesa Maryjose Gamboa Torales también decidió ponerse en los zapatos de los usuarios y con tres mil quejas en la mano llegó a las oficinas del CABoca a regañar a los directivos. Una docena de directores de área del CAB no pudieron responder ni uno solo de los señalamientos de la alcaldesa, que señaló las fallas y abusos de la empresa.
Sin embargo, la decisión de retirar las concesiones trasciende a los alcaldes y sus cabildos, se requiere de la voluntad de la gobernadora Rocío Nahle que tiene la mayoría en el Congreso de Veracruz, y del respaldo de la Presidenta Claudia Sheimbaum Partido que hoy cuenta con la nueva ley de aguas nacionales para garantizar el derecho humano al vital líquido.
