-Se pagarán los pasivos y luego recuperarán el dinero, ayuntamientos no le deberán a la Federación sino al Estado
Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) podrá liquidar la deuda que los 212 municipios puedan tener con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Esto en la medida de la disponibilidad de recursos del Estado, con la finalidad de sanear los adeudos de los organismos operadores del agua, de acuerdo al decreto emitido por la gobernadora Rocío Nahle García.
La titular del Ejecutivo instruyó así al titular de la Sefiplan, para que de manera extraordinaria y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, aplique recursos públicos estatales para cubrir directamente, ante la autoridad federal acreedora y por cuenta y orden del municipio de que se trate y/o de sus organismos municipales, las obligaciones previamente identificadas y validadas, sin ministración de numerario al municipio, generándose a cargo de éste la obligación de reintegrar a la Hacienda Pública Estatal la porción recuperable que se determine conforme a los convenios que al efecto se celebren.
Con base al Convenio de Coordinación Fiscal, el gobierno de Veracruz podrá saldar la deuda y posteriormente, con base a los contratos que se firmen, se recuperará el dinero en los plazos que se establezcan.
En el decreto la Mandataria precisó que ello no implica que los ayuntamientos adeuden al SAT o a CONAGUA, sino a la administración estatal.
La Mandataria precisó que los mecanismos de apoyo financiero previstos en el Decreto tienen por objeto facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas preexistentes de los municipios mediante esquemas de coordinación y recuperación de recursos públicos.
“Por lo que no constituyen operaciones de crédito público ni sustituyen las obligaciones originales a cargo de los ayuntamientos”, apuntó el documento oficial.
Destacó que la coordinación institucional y la regularización de adeudos históricos o corrientes ante la Federación y la Comisión Nacional del Agua generarán condiciones que favorezcan una administración financiera más ordenada, sostenible y apegada a los principios de responsabilidad hacendaria, asegurando una gestión eficiente en beneficio de la población del Estado.
