Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver. Debido a que hay un conflicto entre ejidatarios y colonos del ejido La Ampliación, perteneciente al municipio de Ángel R. Cabada, hay un latente riesgo de enfrentamiento de grandes dimensiones.
Así lo afirmó Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, junto con el abogado Lázaro de Jesús Matías Molar, representante legal de los ejidatarios de La Ampliación.
En conferencia de prensa, lanzaron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal general Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ante las constantes evasivas y trabas institucionales que impiden la ejecución de un mandato judicial.
Expusieron que la disputa legal inicio en 1998, cuando se inició el juicio 571/1998 ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla.
Luego, en 2002, dicha instancia emitió un fallo que ordenó a los ejidatarios de La Dotación, entregar 77 hectáreas a favor de los ejidatarios de La Ampliación.
Sin embargo, el comisariado ejidal de La Dotación vendió y diversas familias invadieron el terreno para conformar la colonia El Mesón.
Ante la negativa de entregar el predio, los afectados recurrieron al Juzgado Tercero de Distrito mediante el juicio de amparo indirecto 220/2010.
Por lo que la autoridad federal ratificó la obligación de hacer cumplir la sentencia y requirió el auxilio de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del Estado.
Pese a esta instrucción, las dependencias han evadido su responsabilidad con el argumento de no disponer de personal o de recibir los oficios a destiempo.
Aunque el pasado 3 de diciembre de 2025 se logró la restitución de una fracción de 27 hectáreas, los ejidatarios de Dotación reinvadieron la propiedad de forma inmediata.
Los inconformes señalaron que las denuncias penales interpuestas por estos hechos permanecen estancadas en la Fiscalía General del Estado.
En la dirección de Servicios Periciales no tiene peritos y no cuenta con peritos en materia de agrimensura para efectos de identificar esa superficie.
Lindo Chaga y el abogado aseguraron que el conflicto escaló nuevamente el pasado fin de semana durante los trabajos de topografía e inspección judicial ordenados por el juez de distrito para ubicar las 50 hectáreas restantes.
“Nosotros nos negamos porque nosotros aquí tenemos constancias de posesión expedidas por los integrantes del comisariado ejidal y esos terrenos son de nosotros. Por lo tanto, si ustedes no se salen de aquí, aténganse a las consecuencias”, expuso.
En ese momento elementos de la Policía Estatal y Municipal sugirieron el retiro de la brigada ante el riesgo inminente.
Aunado a la tensión en el terreno, las autoridades del ejido de Dotación desplegaron una campaña en redes sociales en la que incitaron a la población con el mensaje.
“No se dejen medir porque esas tierras son de ustedes. Si se dejan medir, se las van a quitar”, comentaron
Las amenazas en la zona han subido de tono al grado de que habitantes de la colonia han afirmado que si entran, “solamente muertos nos pueden quitar”.
Rafael Lindo Chagas advirtió sobre el peligro social latente en la zona, toda vez que las autoridades ejidales de Dotación mantienen una incitación constante hacia los colonos, situación que puede desencadenar una tragedia si el gobierno Estatal no interviene de manera inmediata.
