Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- En una sesión histórica marcada por la exigencia ciudadana y la defensa de la fauna urbana, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó por unanimidad, con 48 votos a favor, reformar el Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad y maltrato mediante el uso de sustancias tóxicas o veneno.
Ante el incremento de casos alarmantes de envenenamiento masivo de mascotas y animales en situación de calle en diversos municipios de la entidad, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través de su coordinador y diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, fijó un contundente posicionamiento a favor de esta reforma, destacando que el bienestar animal es una prioridad impostergable en su agenda legislativa.
“Para nosotros, el bienestar animal no es un tema secundario. Es una agenda que hemos impulsado de manera permanente y que debe traducirse en leyes más claras y en mayores herramientas para actuar frente a la crueldad”, expresó el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.
La modificación legal no surgió de la nada; responde a una exigencia social ante lamentables episodios de violencia extrema contra los animales registrados en la entidad; entre los casos más indignantes, destacó el de Minatitlán, donde múltiples gatos fueron cruelmente envenenados, mientras que en Xalapa, diversos perritos sufrieron ataques similares que conmocionaron a la opinión pública.
“Se aprobó un dictamen donde se crea, por un delito por separado en un artículo bis, la agravante en el maltrato animal y la crueldad al envenenamiento. Creo que es importante reconocer que el Congreso ha sido abierto a escuchar, a acompañar las causas sociales y ciudadanas”, puntualizó el diputado ecologista.
Con esta modificación al artículo 264 Quinquies del Código Penal de Veracruz, el envenenamiento deja de ser un vacío o una falta difícil de tipificar y se integra formalmente como un agravante específico. Esto permite que las penas ordinarias por maltrato y crueldad animal, que oscilan entre meses y pocos años de prisión, puedan incrementarse hasta en una mitad, alcanzando hasta 4 años y medio de cárcel en casos donde se provoque la muerte.
“Si reconocemos que los animales sienten y que su vida merece respeto, también debemos garantizar que quien les haga daño de manera intencional responda ante la ley”, concluyó Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.
