Veracruz, Ver., 14 Octubre.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Veracruz de la empresa CICE, Javier Gómez Figueroa denunció intervencionismo sindical de parte de la Confederación Autentica de Trabajadores (CAT) para dividir al gremio más grande de las empresas operadoras portuarias de Veracruz y mermar la defensa de los derechos laborales de sus 600 integrantes.
En entrevista, explicó que a pesar de una relación estable con los directivos del Corporativo Integral de Comercio Exterior (CICE), “extrañamente un pequeño grupo de integrantes del propio sindicato, iniciaron una campaña para recibir documentación para trabajar, pero la empresa asegura que no tiene relación de contrataciones con ellos”.
Informó que el próximo viernes se realizará una asamblea sindical para informar a la base trabajadora de los intentos de desestabilizadores de la CAT y el comportamiento divisionista de esos compañeros que les ameritan la aplicación de los estatutos para sancionarlos.
Señaló que el grupo minúsculo de trabajadores iniciaron acciones de desprestigio a la directiva del gremio que incluye una presunta campaña negra con el argumento de que existe un nuevo sindicato en busca de formar parte de las negociaciones con la empresa.
Pidió también la intervención de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal para desbloquear el proceso de reformas a los estatutos del Sindicato de Trabajadores Portuarios que el Centro Federal del Trabajo ataja con argumentos de procesos jurídicos alternos no relacionados con esas reformas.
Sostuvo que la reforma a los estatutos buscan mayor autonomía sindical con el aval de la base trabajadora para exigir derechos laborales para las mujeres y defender las causas de sus agremiados ante la empresa.
El Sindicato y la empresa mantienen un pleito jurídico por la huelga que estalló el 1 de junio pasado y que horas más tarde, un juez federal la echó abajo y obligó a los trabajadores a desistir. El pasado 20 de agosto se realizó la ultima audiencia y el juez federal V con sede en Boca del Río tiene 90 días para resolver.
