México, 22 de octubre de 2026. – A diez meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificara al Estado mexicano y a las víctimas la sentencia sobre el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario, su familia y las organizaciones representantes expresamos nuestra profunda preocupación por las demoras que persisten en el cumplimiento de medidas esenciales de reparación. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que adopte las decisiones y acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo e integral de la sentencia, sin mayores dilaciones.
A casi veinte años de ocurridos los hechos que le causaron la muerte a doña Ernestina, sus hijas e hijo continúan esperando una atención y reparación efectiva por los daños que les fueron ocasionados. Si bien durante los últimos seis meses se han mantenido espacios de interlocución con las distintas instituciones gubernamentales responsables del cumplimiento de la sentencia y se han registrado algunos avances en la definición de varias de las medidas ordenadas por la Corte, persisten retrasos injustificados en aquellas destinadas a atender y reparar directamente a las víctimas. Particularmente preocupante es la demora en la atención de la delicada situación de salud que se les debía brindar con urgencia.
La Corte Interamericana ordenó brindar atención médica, psicológica y/o psiquiátrica a integrantes de la familia de doña Ernestina que la requieran como consecuencia de las violaciones sufridas. Sin embargo, el plazo establecido para implementar esta medida ha sido ampliamente superado sin que se hayan removido los obstáculos burocráticos que impiden garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud requeridos. Esta situación exige una respuesta inmediata. Las dificultades de coordinación entre instituciones no pueden convertirse en nuevas barreras para el ejercicio de los derechos de las víctimas, menos aún cuando está en juego su salud, bienestar y dignidad.
Por otra parte, desde la notificación de la sentencia, la familia ha solicitado a la Presidenta de la República que encabece el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ordenado por la Corte y que éste se lleve a cabo en su comunidad Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa. Esta petición ha sido reiterada por distintas vías, incluidos pronunciamientos públicos, las mesas de interlocución establecidas para el cumplimiento de la sentencia y comunicaciones directas con las autoridades. A la fecha, dicha solicitud continúa sin recibir una respuesta.
La participación de la Presidenta de la República en este acto reviste una importancia particular para las víctimas. Durante casi dos décadas, la familia enfrentó no sólo la falta de justicia por la violencia sufrida por doña Ernestina, sino también declaraciones e intervenciones de altas autoridades del Estado que desacreditaron su palabra, negaron la gravedad de lo ocurrido y contribuyeron a perpetuar la impunidad. En este contexto, el reconocimiento público de responsabilidad al más alto nivel del Estado constituye un componente fundamental de la reparación y una oportunidad para restituir públicamente la dignidad, la memoria y la verdad sobre lo ocurrido.
Tampoco se ha dado cumplimiento de las medidas de reparación económica. Han transcurrido ya más de tres meses desde el vencimiento del plazo comprometido por el propio Estado para hacerlas efectivas, sin que hasta la fecha se hayan concretado.
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La sentencia de la Corte Interamericana constituyó un reconocimiento histórico de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por doña Ernestina y su familia. Al declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano, la Corte ordenó un conjunto de medidas dirigidas a esclarecer los hechos, garantizar la rendición de cuentas, reparar integralmente a las víctimas y evitar que violaciones similares vuelvan a ocurrir. Su cumplimiento representa, por lo tanto, una obligación jurídica internacional del Estado y un compromiso indispensable con la verdad, la justicia y la dignidad de las mujeres indígenas en México.
Reconocemos los espacios de interlocución establecidos durante los últimos seis meses y los avances alcanzados con las instituciones gubernamentales en la definición de algunas medidas de cumplimiento. Sin embargo, los procesos de diálogo y coordinación institucional deben traducirse en resultados concretos para las víctimas. La existencia de mesas de trabajo y procesos administrativos no puede sustituir la implementación efectiva y oportuna de las reparaciones ordenadas por la Corte, en especial, las que impactan directamente a las víctimas.
Para la familia de doña Ernestina, la persistencia de estas demoras, particularmente respecto de las medidas destinadas a atender sus necesidades más inmediatas, pone en duda la voluntad real del Estado de poner fin a los agravios y sufrimientos que les fueron ocasionados
Por ello, la familia y las organizaciones que la representamos hacemos un llamado urgente al Estado para que:
- Garantice de manera urgente la atención integral de salud requerida por las víctimas, removiendo los obstáculos administrativos y burocráticos que hasta ahora han impedido el cumplimiento de esta medida 2. Responda a la solicitud de la familia para que la Presidenta de la República encabece el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, a realizarse en la comunidad de las víctimas y en condiciones acordadas con ellas; 3. Haga efectivas, sin más dilaciones, las medidas de reparación de los daños ocasionados a las hijas y al hijo de doña Ernestina, incluidos los pagos cuyo plazo comprometido ya ha vencido; y 4. Traduzca los avances alcanzados en las mesas de interlocución en resultados concretos, mediante un proceso de cumplimiento diligente, coordinado y centrado en las necesidades y derechos de las víctimas.
La sentencia de la Corte Interamericana representó un paso histórico para la familia de doña Ernestina y para la lucha de las mujeres indígenas por la verdad, la justicia y la igualdad en México. Pero una sentencia internacional no alcanza plenamente su propósito mientras sus reparaciones permanezcan pendientes.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM) Kalli Luz Marina A.C. Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos Contacto: Arlet García López. Correo: centrohj@gmail.com Angelita Baeyens. Correo: baeyens@kennedyhumanrights.org Carmen Herrera García: Correo: justiciayderechoshumanos@gmail.com Elizabeth Guevara Mitzi. Correo: contacto@kalliluzmarina.org Norma Don Juan. Correo: mujeresindigenasconami@gmail.com Christina Fetterhoff. Correo: fetterhoff@raceandequality.org
