Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver.
El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, afirmó que por 18 años se “jinetearon” los recursos del fondo de reserva de los 199 ayuntamientos a la través de la bursatilización.
Durante su comparecencia como parte de la Glosa del Segundo Informe de la gobernadora Rocío Nahle García, ante el poder legislativo, expuso diversas irregularidades financieras relacionadas con la bursatilización contratada hace 18 años, previo a la cancelación de esa deuda.
Detalló que los compromisos originales operaban bajo esquemas de Unidades de Inversión (UDIS), lo cual disparó de forma severa los costos para el Estado.
“Se pidieron mil 200 millones y se iban a pagar casi 5 mil”, recordó.
Ahí, advirtió que los montos totales podían escalar hasta los 6 mil millones de pesos debido a la inflación y los desajustes económicos.
El Secretario profundizó en el análisis tras revisar los acuerdos con los fideicomisos y exigir transparencia sobre el manejo de los recursos de 199 municipios que estaban en el esquema bursatil.
Denunció que los intermediarios financieros operaban bolsas innecesarias para retener el dinero de los ayuntamientos durante periodos prolongados.
“Lo estaban jineteando”, aseguró y explicó que los fondos de reserva carecían de justificación real al compararlos con otros créditos bancarios vigentes del Estado.
“No tenía razón de ser ese fondo de reserva, debía de ser del 2.3%, era del 30%, o sea, para jinetear el recurso”, recalcó.
Asimismo, Reyes Hernández criticó que los municipios padecían condiciones desventajosas ante la retención duplicada de participaciones.
“Prácticamente estás hablando de que el 64-65%, de lo que me estás quitando, 6.5 pesos de cada 10 los estás usando para jinetearlos, o sea, no solamente era una tasa de interés alta, una sobretasa tres veces por encima del mercado, en UDIS que eran inflación, sino condiciones completamente leoninas”, afirmó.
El funcionario reportó que la revisión y reestructuración de estos esquemas permitieron recuperar 116 millones de pesos en participaciones para 15 municipios durante un lapso de seis meses.
Finalmente, recomendó que los recursos liberados se destinen a la obra pública y a la mejora de servicios básicos para los ciudadanos, evitando que el dinero continúe fluyendo hacia fideicomisos y fondos de carácter privado.






