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Piden girar orden de aprehensión contra Óscar Lara por presunto desvío millonario en el WTC, indican fuentes ministeriales

Alejandro Ávila,Veracruz, Ver.- A casi cuatro años de que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) interpusiera una denuncia formal por un presunto daño patrimonial superior a los 21 millones de pesos en el World Trade Center (WTC) de Veracruz, el caso vuelve a colocarse en el centro del debate público; aunque fuentes cercanas al proceso señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene lista la carpeta para solicitar la judicialización ante un Juez de Control, en el ámbito político local persiste el escepticismo sobre si el expediente avanzará o quedará congelado debido a las redes de cercanía política de los implicados.

​En el centro de los señalamientos figura Óscar Agustín Lara Hernández, quien durante el ejercicio fiscal 2019 se desempeñó como presidente del Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (Expover o WTC), nombrado bajo el amparo de la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.

​Hoy, Lara Hernández funge como dirigente municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en el puerto de Veracruz; sin embargo, analistas y actores políticos locales advierten que su pasado vínculo con la estructura de Morena y con el círculo cercano del exmandatario estatal podría operar como un escudo de protección que le permitiría sortear las acusaciones por presuntos delitos de peculado, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.

Más allá de las lecturas políticas, los argumentos técnicos que sostienen la investigación provienen de las auditorías realizadas por el ente fiscalizador encabezado por Delia González Cobos, cuya denuncia fue presentada en mayo de 2023; el informe de la Cuenta Pública 2019 documenta un manejo financiero desaseado en el recinto, concentrado principalmente en dos observaciones que evidencian la falta de controles internos.

​Pagos sin respaldo y folios con “ERROR” (Observación FP-074/2019/007 DAÑ); el 23 de septiembre de 2019 se registró una erogación superior a los 3.1 millones de pesos por concepto de administración del recinto; no obstante, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) presentado apenas amparaba 2.4 millones, dejando una diferencia injustificada de más de 700 mil pesos, a esto se suma una serie de pagos realizados entre octubre y noviembre de ese año por más de 12 millones de pesos, cuyos comprobantes arrojaron la leyenda de “ERROR” al no coincidir sus folios fiscales.

​Transferencias sin comprobación ni autorización (Observación FP-074/2019/008 DAÑ); a lo largo de 2019, el fideicomiso efectuó transferencias bancarias por 5.5 millones de pesos sin emitir un solo CFDI que justificara el gasto y sin contar con la firma o autorización del Secretario Técnico, requisito indispensable en la normativa de los fideicomisos públicos.

El presunto desfalco de 2019 ocurrió en un contexto de fragilidad financiera para el WTC, los auditores del ORFIS también documentaron pasivos heredados y desatendidos que agravaron la situación del recinto, entre ellos un adeudo histórico con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 38 millones de pesos derivado de omisiones entre 2011 y 2016, un laudo laboral sin resolver por cerca de 148 mil pesos y saldos en contra con clientes que alcanzaban los 15.7 millones de pesos al cierre de 2019.

La existencia de una carpeta de investigación sustentada en auditorías oficiales coloca a la Fiscalía de Veracruz frente a un dilema institucional, mientras la normativa en materia de fiscalización establece que los recursos públicos deben comprobarse cabalmente sin importar la filiación partidista de quien los ejerza, la lentitud en la judicialización de este caso alimenta la percepción de que la cercanía con el grupo político que gobernó el estado en el sexenio anterior pesa más que los dictámenes técnicos, de no concretarse la presentación del caso ante un juez, el expediente del WTC corre el riesgo de sumarse a la lista de investigaciones por presunta corrupción que, pese a contar con elementos documentales, terminan diluyéndose entre acuerdos y lealtades políticas.

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