Sergio Ricardo Alonso,Ver.Ver.La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) cuenta con la capacidad operativa y el personal necesario para asumir la prestación del servicio de agua potable en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, en caso de que los gobiernos municipales determinen que no pueden hacerse cargo directamente del suministro, informó su director, Luis Fernando Cervantes Cruz.
El funcionario explicó que actualmente mantienen una colaboración técnica con el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), instancia que lleva los procedimientos relacionados con la posible revocación de la concesión otorgada a Grupo MAS. Señaló que el retiro del título concesionario se encuentra en proceso y que la CAEV continúa brindando acompañamiento para avanzar en los trabajos correspondientes.
Cervantes Cruz precisó que la decisión de quién operará el servicio corresponde a los ayuntamientos, ya que, conforme al artículo 115 constitucional, el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado es una responsabilidad municipal. En caso de solicitar la intervención de la CAEV, los gobiernos locales deberán realizar el procedimiento correspondiente ante el Congreso del Estado.
Asimismo, aseguró que el organismo estatal tiene capacidad para entrar en funciones de manera inmediata, pues dispone de 65 oficinas operadoras en Veracruz y una plantilla superior a los 2 mil 500 trabajadores, entre personal técnico y administrativo.
Ayuntamiento de Veracruz busca retirar la concesión a Grupo MAS
La posible salida de Grupo MAS ocurre luego de que, en octubre pasado, el Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, emprendiera acciones legales para revertir la concesión, al señalar presuntos incumplimientos en las obligaciones de la empresa y deficiencias en la calidad del servicio.
La presidenta municipal informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas operaciones entre partes relacionadas y fraude en grado de tentativa. Entre los señalamientos expuestos se encuentran movimientos financieros entre empresas vinculadas a Acciona, así como un supuesto intento de trasladar al municipio un cobro de 2 mil 660 millones de pesos correspondiente a una cartera vendida, cuyo sustento fue cuestionado por la administración municipal.
Hernández Espejo también señaló los elevados salarios de algunos directivos de Grupo MAS, al mencionar que existen remuneraciones de hasta 487 mil pesos mensuales. Ante estos hechos, el Ayuntamiento solicitó la intervención de las autoridades fiscales para revisar las operaciones financieras de la concesionaria y determinar si existen posibles irregularidades.
La alcaldesa sostuvo que su administración no permitirá afectaciones al patrimonio municipal ni abusos contra los usuarios del servicio de agua potable.
ORFIS detectó 52 observaciones a la concesionaria
A los procedimientos legales se suman los resultados de una auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), que en septiembre pasado reportó 52 observaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de Grupo MAS durante el periodo revisado de 2022 a 2026.
De acuerdo con el informe presentado ante la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local, las observaciones se dividieron en tres financieras, 45 técnicas y cuatro de legalidad. Entre los principales hallazgos figura una diferencia de 20 millones 750 mil 773 pesos en los pagos por arrendamiento, además de inconsistencias para rastrear el destino de los recursos recaudados a través de los usuarios y su ingreso a los fideicomisos vinculados con la concesión.
La revisión también documentó deficiencias en el mantenimiento de instalaciones e infraestructura, donde se encontraron problemas de oxidación, pintura desprendida, encharcamientos, presencia de maleza y equipos fuera de operación.
Otro de los puntos señalados fue la falta de documentación suficiente para acreditar de manera continua el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua durante los ejercicios de 2022, 2023, 2024 y 2025.
La entonces auditora del ORFIS, Delia González Cobos, indicó que también existían pendientes respecto a las inversiones en infraestructura comprometidas por la empresa, así como la falta de constitución de un fideicomiso de garantía que estaba contemplado en el título de concesión.
Aunque el organismo fiscalizador aclaró que no tiene facultades para determinar la revocación de la concesión, sus resultados fueron turnados al Poder Legislativo para que las autoridades competentes valoren las acciones correspondientes.
De esta manera, el futuro de la operación del agua potable en Veracruz y Medellín de Bravo permanece sujeto al avance de los procedimientos legales y a las decisiones que adopten los ayuntamientos y el Congreso del Estado.





