Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver. El vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz, Eduardo Mario Casares Sort de Sans, negó presuntos actos de corrupción y cobros irregulares por parte de funcionarios estatales para permitir la operación de los verificentros.
En conferencia de prensa, detalló que se suspendieron actividades de entre 20 y 30 centros de verificación por el incumplimientos de la normatividad, pero no por actos de corrupción por parte de las autoridades del gobierno de Veracruz.
Aseguró que las suspensiones aplicadas son consecuencia de las irregularidades en las que incurrieron sus concesionarios.
Ahí, explicó que incumplieron las disposiciones del programa de verificación vehicular y las Normas Oficiales Mexicanas.
Resaltó que por instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García, de la dirección general de Verificación y las secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan), comenzaron a hacer revisiones para poner orden.
Puntualizó que los establecimientos que permanecen cerrados no están clausurados, sólo suspendidos temporalmente.
“Lo que nosotros pedimos desde el inicio de la administración es que hubiera piso parejo”, recordó.
Casares Sort de Sans afirmó que alrededor de 20 a 30 verificentros continúan suspendidos, aunque llegaron a ser más de 60 los establecimientos que estaban suspendidos.
Ahora deben solventar las observaciones y cumplir con los requisitos correspondientes para poder reabrir.
Ahí, recalcó que ningún funcionario de Sedema o Finanzas les haya solicitado dinero a los concesionarios para permitirles operar.
“Si alguien tiene pruebas de que algo le han pedido, que las presente ante la Fiscalía, como yo lo hice en su momento. Yo denuncié hasta a gobernadores”, recordó.






