- Delia Gonzalez Cobos, dijo que será hasta septiembre del presente año cuando den a conocer los resultados de fiscalización.
Armando Azamar | San Andrés Tuxtla, Ver.-
La titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en Veracruz, Delia González Cobos, manifestó que se tomará con reserva la información vertida por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con respecto a los señalamientos contra el ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez por presunto daño patrimonial de mil 195.7 millones de pesos resultado de 11 contratos irregulares financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Durante su visita al municipio de San Andrés Tuxtla, apuntó que el ORFIS apenas realizará las aclaraciones correspondientes, y será hasta el mes de septiembre del presente año cuando se den a conocer los resultados de fiscalización, por lo que se limitó a dar información al respecto sobre el presunto desfalco financiero del hoy titular de CENEGAS de la federación, Cuitláhuac García Jiménez.
“La Auditoria Superior de la Federación da a conocer unos resultados en los que todavía hay oportunidad para que se hagan aclaraciones, yo tomaría con reserva esa información que se ha dado porque apenas se van a hacer las aclaraciones correspondientes, distinto es cuando el ORFIS da a conocer sus resultados porque ya pasó la etapa de aclaraciones, ya recibió solventación.
Nosotros lo daremos a conocer hasta septiembre porque nuestra ley así lo señala, no podemos dar a conocer información previa durante el procedimiento de fiscalización, estamos obligados a la reserva en términos de ley”, refutó.
Y es que, de acuerdo al Órgano de Fiscalización Superior, entre las anomalías detectadas también se encuentra la adjudicación directa de dos contratos por 481.2 millones de pesos para el suministro de pruebas de laboratorio clínico, de las cuales no hay evidencia de entrega.
Además, la ASF encontró que se pagaron 303.6 millones de pesos a una empresa de limpieza sin historial comprobable ni documentación que respaldara los trabajos realizados, lo que apunta a una posible empresa fantasma. Otras irregularidades incluyen inconsistencias por 172.2 millones en la adquisición de equipo médico para bancos de sangre y centros de transfusión, donde no se acreditó la entrega de los insumos.
