Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver. El gobierno de Veracruz cumplirá con todas las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto del caso de la mujer indígena de Zongolica, Ernestina Ascencio, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García.
“Sí, se va a acatar lo que dio la Corte Interamericana, es un resolutivo y se va a acatar, tanto por el gobierno Federal como por el gobierno del Estado.
Todo lo que dicen los resolutivos lo vamos a hacer, de la mano de Derechos Humanos, todo lo que dice, es un resolutivo muy preciso para las familias de Ernestina, para las comunidades indígenas”, expresó.
En conferencia de prensa, aseveró que no importa que estos hechos hayan pasado hace 18 años, ya que “nobleza obliga y debe de ser”.
Cuestionada sobre el tiempo que se llevaría su gobierno en cumplir con los resolutivos, manifestó que son varios pasos que se están dictaminando y cada paso lleva su tiempo.
La Mandataria definió que avanzarán conforme vayan caminando con las víctimas, pero recalcó que su administración acatará la resolución de la misma manera en la que acatará el Estado Mexicano.
Hay que referir que la Comisión de Derechos Humanos sometió el 11 de junio de 2023 a la Corte Interamericana el caso sobre la violación sexual de Ernestina Ascencio Rosario por parte de miembros del Ejército en 2007 y su subsecuente muerte por falta de atención médica, así como por la impunidad de los hechos.
Ascencio Rosario tenía 73 años de edad y fue víctima de violación perpetrada por soldados del Ejército Mexicano, quienes tenían una base establecida en su comunidad.
Ella falleció debido a las lesiones sufridas y a la falta de acceso oportuno a atención médica adecuada.
En aquel momento la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) inició la investigación de los hechos y realizó pruebas forenses que confirmaban la causa de su muerte por un traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación cervical y lesiones recientes indicativas de una agresión sexual.
Sin embargo, el 30 de abril del 2007, la Procuraduría, a cargo de Emeterio López Márquez, decidió no ejercer la acción penal por concluir que no se lograron probar los delitos.
Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló las graves irregularidades en la investigación penal y la actuación del Ministerio Público.
Después el organismo nacional definió que la indígena fue víctima de violación sexual por parte del Ejército Mexicano, que hubo tortura y que se atentó contra sus derechos a la integridad personal, honor, dignidad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
18 años después de los terribles acontecimientos la CIDH declaró al Estado mexicano responsable de este crimen y ordenó a México implementar medidas de reparación integral como la reapertura de una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables; atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares;
Asimismo, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; programas de capacitación para funcionarios públicos; el fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y, la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
